En diciembre de 2024, el Congreso de España aprobó una importante reforma para agilizar el proceso de desahucio en casos de ocupación ilegal, comúnmente conocidos como «okupas». Este cambio legislativo pretende agilizar los procedimientos judiciales, permitiendo a los propietarios reclamar sus propiedades con mayor rapidez.
Disposiciones clave de la nueva ley:
– Juicios rápidos: La reforma introduce procedimientos judiciales acelerados para los casos de entrada ilegal y usurpación de propiedades. Estos casos se tramitarán a partir de ahora mediante «juicios rápidos», que podrán resolverse en un plazo de 15 días, lo que supone una reducción significativa respecto a la media anterior de varios meses o incluso años.
– Acciones legales inmediatas: Tras presentar una demanda, los propietarios pueden esperar que el tribunal dicte un auto de admisión en el plazo aproximado de un mes. Si se solicita la posesión inmediata, los ocupantes deben aportar pruebas de su derecho a ocupar la propiedad en un plazo de cinco días. En caso contrario, el tribunal ordenará el desalojo.
– Mayor intervención policial: La reforma aclara el concepto de «delito flagrante», lo que permite una intervención policial más eficaz en las primeras 48 horas de una ocupación ilegal. Este cambio permite a las fuerzas del orden público actuar con prontitud para desalojar a los ocupantes ilegales durante este período crítico.
Implicaciones para los propietarios
Se espera que este cambio legislativo proporcione a los propietarios un marco jurídico más eficaz para hacer frente a las ocupaciones ilegales, reduciendo las cargas financieras y emocionales asociadas a los prolongados procesos de desahucio. Al acortar los plazos de los procedimientos judiciales, la ley pretende disuadir las ocupaciones ilegales y restablecer la confianza entre los propietarios.
Consideraciones para las poblaciones vulnerables
Aunque la reforma se centra en la protección de los derechos de propiedad, se ha expresado preocupación por su impacto en las poblaciones vulnerables, incluidas las familias con niños. La ley estipula que los servicios sociales evaluarán las situaciones que impliquen a menores, pudiendo influir en el proceso de desahucio para garantizar la protección del bienestar de los niños.
Próximos pasos
La reforma está pendiente de ratificación por el Senado y posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de que sea ejecutiva. Una vez que entre en vigor, supondrá un cambio significativo en la forma en que España aborda la ocupación ilegal de propiedades, equilibrando los derechos de los propietarios con las consideraciones sociales.
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